Los funcionarios locales que en su dedicación de servicio y asistencia al ciudadano más se juegan, como se dice vulgarmente, mejorando lo presente y sin ánimo de comparar, son sin duda los policías, y dentro de este cuerpo de seguridad, los de la Policía Local de y en cada municipio. Por ello deberíamos prestar mucha atención a sus reclamaciones. Básicamente porque aunque tienen bastante, y para ello están perfectamente legitimados, de reivindicación de mejora de sus condiciones laborales -faltaba más-, también apuntan en las mismas a algo que nos importa o nos debería importar, y mucho: nuestra propia seguridad de cada día.
Cuando la Policía Local hace una reclamación de medios y recursos está poniendo de manifiesto algo muy importante: nuestro bienestar está en cuestión si ellos no disponen de todo lo adecuado y necesario para realizar su labor. Y su labor va desde asistir en un accidente de tráfico, realizar un atestado por un vertido de aguas residuales, atender una trifulca vecinal, prestar auxilio en situaciones de riesgo y peligro cierto, o evitar dentro de lo posible y reprimir dentro de lo legal la comisión de delitos. Un policía local no es un funcionario cualquiera, porque su labor administrativa es transversal, y por ello sirve tanto al ciudadano como a la propia Administración Local, y no solo esta, en todo tipo de labores públicas. Pero además se juegan el tipo, literalmente, para garantizar nuestros derechos y libertades. Cada día. Por eso no debemos olvidar que un chaleco antibala en condiciones no es solo un recurso de defensa de un policía, sino la primera línea de protección de cualquier ciudadano por delante de los cuales ese policía se colocará para interponerse ante el peligro en caso de necesidad. Un coche de policía no es solo el medio de transporte de un policía, sino el instrumento por el que nuestra asistencia acudirá más rápida y ágilmente en nuestra ayuda. Y del mismo modo unas condiciones laborales coherentes y realistas no son solo uno de los derechos del policía que las disfruta, sino nuestra tranquilidad de contar con personas que están pendientes de, precisamente, todos nuestros derechos al margen de su, en su caso, inestabilidad laboral.
La policía local no reclama nada que no necesitemos los ciudadanos, y a ello deberíamos estar cuando escuchemos como gestores públicos sus peticiones. No nos piden solo para ellos, que también, sino, sobre todo, para la generalidad de los vecinos de su población. En ello les va mucho más que el sueldo. Como a nosotros, pero ellos son los únicos que corren en dirección contraria a donde todos corremos cuando pasa algo, recuerden.
En España y en la Comunidad Valenciana su situación es delicada actualmente porque se enfrentan a una permanente escasez de recursos en prácticamente todas las localidades, sobre todo en zonas costeras y en época estival. Aquí lo sabemos perfectamente porque todos los años sucede lo mismo con el pico estacional del verano en Orihuela costa o con la necesaria asistencia a los mil y un eventos festivos de pedanías y casco desde mayo a octubre. No es algo casual, y se conoce. Y los políticos hemos cometido el error de pretender solucionar problemas y deficiencias estructurales (plantillas cortas y desequilibradas en periodos ocasionales pero fijos periódicamente, falta de medios de protección personal, ausencia de sensibilidad ante situaciones de gran tensión, …) con soluciones coyunturales. Y la última es contratar personal interino que, por ley, tiene limitadas sus funciones en materia de seguridad ciudadana (no pueden portar armas) y cuya autoridad puede verse en muchas ocasiones seriamente comprometida ante tumultos, excesos alcohólicos, incomprensiones culturales o simples malentendidos. Un funcionario policial, sin embargo, tiene un entrenamiento específico para situaciones límite, más allá del conocimiento de las normas y protocolos administrativos. Y por eso necesitamos policías, y no interinos provisionales. Necesitamos plantillas suficientes y adecuadas. Necesitamos personal, más personal, y dotado de mejores medios y de ciencia, la que les hace evitar el problema antes de que haya que solucionarlo.
El fin de los recortes presupuestarios impuestos por normativa estatal en este ámbito concreto, la correcta y realista regulación en materia de coordinación de Policía Local en nuestra comunidad autónoma, y la ejecución de políticas de seguridad eficientes y coherentes por parte de ayuntamientos son los pilares de la paz social que queremos en nuestras calles y que deben poner en marcha cada una de esas Administraciones. No es una negociación por sus derechos, sino por la mejor y mayor defensa de los nuestros.
En Orihuela deberíamos empezar por la propia entidad local, la que dirige y gestiona la Policía Local, escuchando y apoyando lo que ellos reclaman, tanto dentro de nuestras posibilidades y, en su caso, estirando al máximo las alternativas legales disponibles, como promoviendo ante quien proceda los cambios normativos que permitan dotarnos de policías que solo piensen en su labor de cada día. Una organización que les permita trabajar eficazmente, por su seguridad y por la nuestra, sobre todo por la nuestra, es lo que el policía local espera encontrar en la Administración en la que trabaja. No los decepcionemos. Nos la jugamos nosotros, más incluso que ellos.