Artículo de Juan Ignacio López-Bas, concejal de Ciudadanos Orihuela
Hoy leemos en la prensa, en los digitales de internet, o vemos en televisión, a un alcalde identificado como “Kichi”, primer edil de Cádiz por más señas, oponiéndose al desahucio de una familia que no ha podido pagar la renta del alquiler de su vivienda. Y, evidentemente, a todos nos asalta como primera reacción la de considerar a este alcalde como un héroe social dispuesto a hacer frente a un sistema injusto, abusivo e insensible al que hay que enfrentarse, incluso, físicamente como escudo humano ante la policía, ese cuerpo represivo del poder conformado por robots incapaces de escuchar o sentir la desgracia ajena. Lo que pasa es que el tema, más allá de lo que pueda deducirse de las imágenes televisivas y las fotos periodísticas, como todo, tiene una doble cara, y ambas hay que tenerlas en cuenta para solucionar y evitar en lo posible estos episodios de desgracia y miseria social lamentablemente tan repetidos en estos tiempos. En primer lugar debemos reconocer que tras un desahucio como éste hay un procedimiento legal perfectamente regulado donde un juez ha intervenido precisamente para resolver una controversia jurídica entre dos partes: entre quien es propietario de un inmueble y tiene cedido su uso temporalmente a sus inquilinos mediante un contrato que se firmó libremente entre las partes, y los propios inquilinos que, por causas perfectamente comprensibles, pero igualmente ajenas al propietario, no puede (descartado que no quiera) pagar el alquiler por ese uso contratado. Ese juez es precisamente la garantía de que el procedimiento ha sido tramitado bajo su control imparcial entre partes iguales en derechos, y sólo tras su decisión y con su sentencia se puede llegar a ejecutar el desahucio del inquilino que no paga la renta. Es decir, con una resolución de un juez que ha aplicado la ley, escuchando a las partes, ponderando con equidad, e impartiendo justicia, muy posiblemente la justicia que requiere un propietario que ha invertido parte de los ahorros de toda su vida en adquirir una vivienda para alquilarla y poder con ello pagar la hipoteca del banco y percibir un beneficio sobrante perfectamente justo y honesto. Una justicia que sería inexistente si trasladáramos directamente al propietario la carga de la desgracia de sus inquilinos que no pueden pagar la renta, sea cual sea la causa, y por muy triste que resulte su situación. Nada más vistoso, pues, ni de mayor efecto mediático por ello para un político en su ciudad que oponerse a la decisión de un juez imparcial sin ser parte en el pleito y, además, enfrentándose en persona a esa policía represora que es, precisamente, herramienta de la Justicia para cumplir y hacer cumplir la ley. Que no es otra cosa que el ejercicio de la facultad coercitiva de los poderes públicos para imponer lo que en común hemos determinado que debe hacerse cuando un individuo opera contra el interés público. Pero no se equivoquen, que no me olvido de los inquilinos desahuciados, porque ellos son los siguientes, o los primeros quizá, en necesitar el auxilio de la sociedad a la que pertenecen, a la que deben seguir perteneciendo sin riesgo de verse marginadas en situaciones de crisis o carencias económicas. La cuestión es que este problema no lo va a arreglar un alcalde, “Kichi” o quien quiera que lo sea, con actitudes que duran lo que dura el titular de prensa que provocan. La solución debe proceder, en primer término, de una sociedad que debe asumir que, en determinados casos, queremos y debemos destinar recursos económicos públicos suficientes para satisfacer necesidades sociales básicas como el pago de renta de una vivienda, pero igualmente de las facturas de agua y electricidad, o de la educación de los menores, o de mujeres maltratadas, o de personas dependientes y sus familiares, o de tantas otras situaciones que colocan a las personas en serio riesgo de alguna forma de exclusión social. Para eso la solución no está en lanzarse a la calle perseguido de medios de comunicación previamente convocados para, en su caso, convertir a la víctima de una concreta situación de desamparo social en el espectáculo y coartada de un determinado posicionamiento político tan impactante como insustancial. Populista, lo llaman algunos. La solución de un alcalde es subir (o bajar, según) la escalera del ayuntamiento y dirigirse a su oficina presupuestaria, preguntar al funcionario por la cuenta 231.48 del presupuesto municipal y tirar de crédito para solventar la cuestión. Y si no la hay, crearla mediante los procedimientos previstos legalmente de modificación presupuestaria, explicándonos a los ciudadanos y demostrándonos a la cara, como gestor público y como titular de la potestad de gobierno de una entidad local que es el alcalde, que podemos y debemos entre todos prestar esa asistencia a quienes la necesitan, a través de ese instrumento que es el poder público, por ejemplo, de nuestro ayuntamiento, sin trasladar la carga de una desgracia de un ciudadano a otro ciudadano, sino realmente, socializando el problema en términos morales y económicos. Y lo entenderemos, porque no creo que esta sociedad haya llegado a tal grado de deshumanización. Mucho me temo que para muchos políticos recién llegados a los ayuntamientos va a ser más relevante la foto instantánea a lo “Kichi” que intentar poner una solución real al problema desde el propio sistema que, a lo mejor, no es tan perverso, sino que simplemente precisa de gestores comprometidos que conozcan hasta dónde puede llegar la voluntad política y que pongan en marcha cauces de asistencia social que no hagan necesarias demostraciones de heroísmo, simplemente evitando el problema antes de que se produzca