Volvemos a ser libres. Los centros educativos de los municipios castellanoparlantes tienen hasta el próximo día 23 de febrero la oportunidad de recuperar el terreno perdido en los últimos años. El artículo 108 de la Ley 7/2023, de 26 de diciembre, abre la puerta a desmontar el atropello lingüístico que provocó el conseller Marzà, quien siempre tuvo claro que la educación era la vía más efectiva para imponer un modelo educativo, el suyo, en el que lo político, su proyecto nacionalista, siempre tuvo más peso que cualquier reflexión estrictamente educativa.

Como lo oyen: después de años de zozobra, los nuevos responsables de la Educación valenciana han hecho algo tan poderoso como devolver la capacidad de decisión a los centros educativos. Podríamos entrar en el debate de si es suficiente o no la medida adoptada, de si se ha dedicado el tiempo necesario para explicar a las familias de qué va esto o si los padres deberíamos tener más capacidad de influir, pero no olvidemos que en los Consejos Escolares, que es donde se toman las decisiones, está representada la comunidad educativa en su conjunto: equipo directivo, personal docente, personal no docentes, alumnos, familias y administración local. Es, por tanto, una buenísima noticia para municipios como Orihuela que se abra la posibilidad de revertir lo que con tanta fuerza criticamos en aquella multitudinaria manifestación de enero de 2020 en la que mi queridísimo Ramón López Cabrera puso tanto empeño.

Les doy mi opinión. Miren, esto no va de renegar del valenciano mientras ondeamos la bandera española entre cánticos tan nacionalistas como el de los nacionalistas que rechazamos. No caigamos en ese error. No, no se trata de eso, sino de tener un sistema educativo que garantice la igual de oportunidades, la libertad de elección de las familias y la autonomía de los centros educativos. Es ahí, en ese triple eje, donde, desde mi humilde punto de vista, todo saltó por los aires hace ya demasiado tiempo, y es ahí en la recuperación de esos valores desaparecidos donde tenemos mucho camino por recorrer.

Como político, me alineo decididamente con el planteamiento del nuevo conseller a la hora de meter el bisturí en un tema tan delicado y, sobre todo, por devolver la capacidad de decisión a los centros educativos, que son quienes mejor conocen su realidad. También supone esta suspensión del plurilingüismo la devolución de la libertad secuestrada hace unos años cuando se nos impuso una cuota de valenciano, el fin de la esquizofrenia de la maquiavélica paradoja de la convivencia en un mismo sistema del derecho a la exención y de la exigencia de cursar un mínimo número de otras en la lengua de Enric Valor. ¿Ser exento y estar obligado era compatible?
Dicho esto, sí es llamativa la ‘baja intensidad’ con que se está abordando este asunto y la escasa publicidad que desde los distintos ámbitos se está llevando a cabo. ¿Por qué no se hacen reuniones informativas en los centros? ¿Dónde están los miles de manifestantes de aquel día? ¿No tienen nada que decir los alcaldes? ¿Y las asociaciones de padres y madres? Se hizo mucho ruido en la trinchera, pero ahora casi pasamos de puntillas por el tema.

Como docente y filólogo, tengo clara la merma de calidad que se produce en la labor de un profesor cuando imparte su materia –Historia, Educación Física, Música, Biología…- en valenciano por aquello del porcentaje obligatorio, así como las enormes dificultades que supone para algunos alumnos meterles con calzador unas horas extra en una lengua que no es la suya. Aunque soy partidario de que la enseñanza del valenciano en nuestra zona se ciña a la materia de Lengua Valenciana -en la que preservamos el derecho a la exención-, entiendo perfectamente que muchos centros apuesten por no tocar sus planes lingüísticos por evitar abrir grietas en el seno de sus claustros, por no tambalear su organización interna y porque el cambio de gobierno también les ha liberado de la presión a la que estaban sometidos hasta ahora. Ya saben: muerto el perro…

Y, por último, en calidad de padre de tres niños que estudian en centros públicos de Orihuela, seguiré defendiendo que mis hijos cursen valenciano solo como optativa en tanto que estamos en una comunidad autónoma con dos lenguas oficiales y conocer la lengua es profundizar en nuestra cultura y en nuestras raíces, pero promoveré que el resto de materias las cursen en la lengua que hablamos en casa, que hablan con sus amigos, con sus vecinos, con sus abuelos o con sus primos, que no es otra que el castellano. Ese es el empeño de este artículo y en eso debemos estar los que rechazamos el sectarismo y defendemos la libertad como motor de la educación.

Leía hace unos días una noticia en el diario El Mundo que el uso del catalán está descendiendo entre los estudiantes de esta comunidad autónoma. Resulta, sin duda, paradójico que esté ocurriendo esto en un lugar en el que las instituciones educativas llevan años empeñadas en hacer desaparecer la presencia del castellano de sus aulas. Al margen de factores socioeconómicos que condicionan esta tendencia, todo apunta a que la rebeldía frente a las imposiciones es el germen de ese creciente rechazo a la lengua catalana.

No hace mucho conocíamos también los resultados del informe PISA, que arrojan algunos datos muy interesantes merecedores de un análisis serio desde las distintas administraciones. Basta con echar un vistazo a este último informe del pasado mes de diciembre para entender el batacazo de la educación catalana, que, en poco tiempo, ha pasado de ser una referencia en toda la geografía española a estar en el furgón de cola de las regiones con peores resultados. Veintidós puntos menos que en 2018 en comprensión lectora, veintiuno en matemáticas y doce en ciencias confirman la debacle de un modelo convertido en punta de lanza del proyecto independentista que, para disgusto de algunos, se desangra por donde más duele, como así lo certifican estos datos en comparación incluso con otras regiones menos desarrolladas de países de la OCDE. Sintomáticos son también los datos a la baja del País Vasco.

Si es conveniente conocer nuestro pasado para no repetir errores, la recentísima historia y el inquietante presente de la educación catalana nos anticipa el problema con que nos podríamos encontrar en la Comunidad Valenciana si no revertimos ya algunas de las medidas impulsadas por el gobierno del Botànic; de ahí, mi felicitación y mi agradecimiento al empeño que el conseller Rovira y su equipo están poniendo en deshacer este entuerto.

Visto lo visto, estoy convencido de que no hay nada más radical que defender la libertad. Aunque a algunos no les guste…