Quienes en la comarca de la Vega Baja se han erigido en defensores del plurilingüismo que pretende implantar en nuestros colegios el reeditado gobierno tripartito del Botànic (PSPV-PSOE, Compromís y Podem) en la Comunidad Valenciana (o en la nostra Comunitat, si lo prefieren), se han convertido en los últimos días en los mejores defensores de justamente lo contrario. Los socialistas autóctonos Antonia Moreno, delegada del Consell en la provincia de Alicante, y Manuel Pineda, alcalde de Rafal y diputado autonómico, son hoy, ambos, lo mejor a lo que agarrarse para demostrar de qué y por qué protestan padres y madres, alumnos y docentes en este sur alicantino que quiere ser valenciano, sin género de dudas, pero también sin imposiciones.

En días pasados era primero la Sra. Moreno la que, contando su historia personal, presumía poco más o menos que de haber sido discriminada como nativa oriolana, y de su huerta, por su inicial desconocimiento de la lengua valenciana, dado que sus sueños de periodista se vieron truncados por tener la posibilidad de cursar estudios universitarios en Barcelona, pero también por la imposibilidad de materializar su destino y renunciar al mismo a causa de no hablar ni entender la lengua de Pompeu Fabra. Eso sí, todo ella pundonor, obtuvo posteriormente su título de filosofía en Valencia superando igualmente la capacitació en valencià para poder opositar con más posibilidades de lograr puesto en la función pública autonómica. Así las cosas, nos contaba la Sra. Moreno, decidió “obligar a sus hijos a estudiar el valenciano” para que en el futuro “no estuvieran discriminados”, se entiende que como ella lo estuvo, por ser valencianos de la Vega Baja y no tener aquel idioma como lengua materna. A la Sra. Moreno parece, evidentemente, que nunca se le ha pasado por la cabeza luchar por evitar la discriminación de sus hijos, o de los hijos de cualquier otro, por no saber una lengua. Era una opción, la de evitar un supuesto de discriminación evidente, el que ella misma denuncia. Pero decidió que no. Mejor agachar la cabeza y dejarse imponer aquello que discrimina. Lo dice ella, insisto. Y a mí, personalmente, como justificación de por qué oponerme a algo que discrimina, me sirve.

Posteriormente asistíamos al argumentario en la televisión comarcal TV Vega Baja del Sr. Pineda, que es, además de lo dicho anteriormente, secretario general del PSPV-PSOE en esta comarca, y por ello, ha de comprenderse, de los obligados a batirse en primera línea por lo que haga su partido en la capital de la Comunitat, se lo crea o no. Y lo cierto es que su argumento se quedó en muy poca cosa cuando le oímos defender el plurilingüismo que se pretende imponer en los colegios “porque es una obligación de cualquier gobierno, para empezar …” (literal), y porque “no nos engañemos (…), -el valenciano es- la lengua que más te sirve para comunicarte con toda la Comunidad Valenciana, que más te sirve para trabajar en la Administración Pública …, o si te casas con alguien que vive en Benicarló …”. Está en internet para verlo. Y es que ese es el problema, y por ello le compro igualmente el discurso al Sr. Pineda (dejando la novia en Benicarló como mera anécdota): la cuestión es que la lengua cooficial que para uno aquí sea la materna en la Comunidad Valenciana no debería condicionar jamás la oportunidad de encontrar en condiciones de igualdad un trabajo en la Administración Pública valenciana, porque nuestra Constitución consagra el deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo de todos los españoles (art. 3), así como nuestro Estatuto de Autonomía establece que conocer, hablar y estudiar el valenciano es un derecho, sin que nadie pueda ser discriminado por razón de su lengua (art. 6). Imponer, por tanto, un sistema educativo en una lengua de las cooficiales sin respetar la libertad de elección entre ambas, así como establecer más adelante a través de la lengua un requisito de acceso a la función pública, es un despropósito, una ilegalidad y, precisamente por ello, y como reconocía la Sra. Moreno, una discriminación.

Hubiéramos esperado de políticos socialistas, que por esencia y definición, dicen, rechazan fronteras por ser defensores de derechos civiles sin distinción de ningún tipo en las personas, que precisamente garantizaran los derechos de esas personas antes que los derechos, como tales inexistentes, de una lengua que se utiliza hoy, precisamente, como hecho diferencial (el famoso fet diferencial) de nacionalistas que la usan, y abusan de ella, para buscar algo que no tiene el otro. Y no lo olviden: quien busca diferenciarse de otros no es nunca para ser menos o igual que el otro, sino, indefectiblemente, siempre para ser más que el otro. Y eso se llama supremacismo, algo que no casa bien con el concepto, justamente, de lo que es y debe ser el socialismo.

La cuestión no es ya solo que en los colegios obliguen a los niños y niñas de esta Comunitat a estudiar el y en valenciano. El problema es que esa iniciativa sea, como hemos visto que sucede en otras partes de España, el germen de una política de segregación y discriminación de un sector de la población por lo único en lo que nos diferenciamos: la lengua, porque ni por causas étnicas, religiosas o biológicas somos distintos.

No rechazo el valenciano, ni el catalán, ni el gallego o el euskera. Lo que rechazo es su imposición y condicionar en España a quien no lo hable o entienda para ser menos que quien sí lo haga en cualquier territorio. Porque yo quiero que el conseller Marzà, por ejemplo, cuando deje de ser político, si ello sucede, pueda ejercer su profesión de maestro en una escuela de Zarautz si decide mudar del aire salino mediterráneo al cantábrico, y que el euskera sea para él, si lo aprende, un mérito más a valorar, pero no lo que le impida trabajar allí si no es así frente a otro profesional menos capacitado que él, por muy euskaldun que sea. Porque no se trata de lo mejor para el profesor o para la lengua de un territorio, sino de lo mejor para un niño o una niña en el mundo de hoy. Yo, por ello, defiendo los derechos del propio Sr. Marzà, que deben ser iguales en toda España.

Por eso acudiré a manifestarme con muchos de mis vecinos de la Vega Baja en Orihuela el próximo sábado 18 de enero frente a la imposición, que no frente al valenciano. Básicamente porque no lo rechazo en absoluto. Aunque créanme que con semejantes argumentos consiguen algunos, a veces, que se le coja manía hasta a los colores … Y ahora, como es habitual, ya pueden tildarme de facha, si eso les consuela.

Juan Ignacio López Bas

Secretario Relaciones Institucionales 

Ciudadanos Alicante