Ciudadanos no puede sino manifestar su asombro ante la actitud del gobierno valenciano y del Consorcio Vega Baja Sostenible, presidido por el diputado autonómico socialista Manuel Pineda, ante la opacidad con la que se estaría tramitando la puesta en marcha de diferentes instalaciones en materia de gestión de residuos urbanos en la comarca de la Vega Baja.
A los anteriores episodios de extrañas propuestas de empresas que aparecían por sorpresa en la mesa del Sr. Pineda, ahora se suma la política de hechos consumados por parte de la Consellería y el propio Consorcio comarcal, que vienen a avalar otra nueva propuesta, esta de la empresa OHL, para instalar una planta de valorización de residuos en San Miguel de Salinas.
Desde Ciudadanos reclamamos absoluta transparencia en los procedimientos, que han de respetar lo establecido y prescrito en un Plan Zonal de Residuos que data de 2004 y que nunca se ha llegado a desarrollar. Cualquier iniciativa debe partir del consenso entre los municipios que conforman el consorcio comarcal, y ello exige poner a disposición de los diferentes ayuntamientos implicados toda la información oportuna. Es más: debe analizarse previamente si las previsiones en materia de infraestructuras, costes y población afectada son reales y están actualizadas desde hace ya 14 años, por si es necesario dar una cobertura normativa previa a las actuaciones a realizar. No hacerlo así y permitir que sea una empresa privada la que aporte su propuesta son sujetarse a planificación administrativa previa coloca a los ciudadanos de la Vega Baja al albur de intereses exclusivamente privados, cuando no se han determinado previamente las necesidades existentes y las soluciones a adoptar.
Rechazamos la actitud contemplativa del gobierno valenciano y del consorcio comarcal, dado que se están limitando a tramitar propuestas particulares que huelen a cocinadas desde hace mucho tiempo, algo imposible sin la connivencia y pasividad de la Administración autonómica.
Reclamamos para los ayuntamientos de la Vega Baja la oportunidad de participar en la toma de decisiones de la que se nos está excluyendo por el gobierno de PSPV-PSOE y Compromís, que de adalides contra la corrupción en este tema de anteriores gobiernos del PP ha pasado aparentemente a dar cobertura a las mismas prácticas de amparar iniciativas empresariales antes que mirar por los intereses públicos.