(Y disculpen la extensión).

Tratemos de explicarlo …

Tratemos de explicarlo …
Los servicios de temporada en las playas, es decir, instalar en las mismas hamacas, sombrillas, servicios de bar y restaurante, y otras actividades varias de ocio, se realizan ocupando privadamente el dominio marítimo-terrestre. Es decir, usted no podrá poner la toalla donde quiera porque es posible que ese espacio esté destinado a ese tipo de instalaciones. Tampoco podrá entrar al agua por donde más le plazca porque seguramente la orilla esté balizada y delimitada para la entrada y salida de motos acuáticas, patines, y otros trastos flotantes.

Todas esas actividades en las playas tienen para el ayuntamiento donde se instalan un motivo evidente: la promoción turística. O lo que es lo mismo: que se conozca el municipio entre sus posibles visitantes del mismo en verano por los chiringuitos y la cervecita fría y bien tirada que sirven, por las hamacas con sombrillas donde te ofrecen un mojito refrescante, o por los mil y un cachivaches para divertirse en el mar (buceo, piraguas, salchicha neumática, donut flotante, parapente enganchado a una motora, patines con tobogán, etc.).

¿Pero son todo eso servicios básicos y esenciales y, por tanto, de obligada prestación por el ayuntamiento de turno? Pues no, obviamente, como cualquier cabeza pensante puede imaginar sin tener que recurrir a la Ley de Bases de Régimen Local y a los artículos que regulan las competencias municipales. Por tanto, prestar esos servicios es una mera conveniencia u oportunidad que decide libremente un ayuntamiento preocupado, en su caso, por promocionar su turismo en playas. Claro, que podría optar igualmente por ofertar esas mismas playas sin presencia de actividad humana alguna más allá de extender la toalla y tumbarse al sol entre baño y baño marino. Igual puede hacerse lo uno o lo otro. Y no está demostrado que unas playas con chiringuitos y ocio sean turísticamente más o menos rentables que unas playas vírgenes donde la naturaleza y su cuidado al extremo impida actividad alguna.

Es más, si lo piensan ustedes bien, y dado que un ayuntamiento no tiene entre su personal funcionario o laboral el que se encarga de gestionar este tipo de actividades, precisamente por no ser de prestación obligatoria, lo que se hace es gestionarlo indirectamente. Y equilicuá, que dicen los clásicos: se le adjudica su gestión a una empresa, con lo que los del altavoz contra la “privatización” de lo público tienen aquí campo abonado para explayarse (nunca mejor dicho). Vamos, ni punto de comparación esto con el tema de la zona azul y la supuesta privatización del espacio de aparcamiento en las calles …

Y es que todos sabemos a estas alturas que las empresas existen y están en el mundo con un único propósito, aunque legítimo y legal en todo caso, al menos desde la perspectiva del sistema capitalista: ganar dinero. Si en este punto se encuentra usted incómodo, no siga leyendo.

Por tanto, la conclusión es que, dado que las playas del litoral son zona de dominio público marítimo-terrestre, una categoría de dominio público tan especial e importante que se encuentra expresamente reconocido a nivel nada menos que de la propia Constitución (art. 132.2), la instalación en las mismas de este tipo de recursos para ocio, restauración y pasar el rato en general, son … ¿cómo diríamos? algo así como la mayor muestra de usurpación por unos pocos de lo que es de todos ¿no?
Bueno, realmente no, porque la ley permite y exige que se regulen detalladamente los usos que se dan al dominio público, y, en concreto, al marítimo terrestre, así como las circunstancias a llevarse a cabo esa utilización particular, pero seguro que alguno de los que han seguido leyendo, de los más militantes contra el desmantelamiento de lo público, ya se revuelve en el asiento pensando en lo traidor que ha sido a sus principios degustando una cañita con patatis en el chiringuito de la playa ¿a que sí? Y a beneficio de especuladores, oiga …

Pues en Orihuela, efectivamente, y en sus magníficas playas, a las que venimos optando por darles actividades de este tipo (nadie realmente se ha planteado nunca si la otra opción sería mejor) ha habido un problema. Sí, un problema. Porque hay una empresa que, según jueces y fiscales, podría haber cometido en 2014 un fraude en connivencia con una concejal (ojo, ecologista de Los Verdes, nada menos, y en un gobierno presidido por un alcalde también de Los Verdes, y en coalición con socialistas …) para hacerse adjudicar la gestión de esos servicios por la mitad de lo que habría ofertado pagar otra empresa, y por mucho menos de lo que anteriormente pagó por la misma adjudicación en 2006.

Paréntesis: se me olvidaba decirles que en este tipo de adjudicación el ayuntamiento no paga nada. Pero nada. Nunca. El ayuntamiento le paga al Estado un canon por ocupar las playas con actividades, pero ese canon se le repercute inmediatamente a la empresa, que lo paga (o debe pagarlo, porque la última vez alguien “olvidó” que era así) junto con el canon a pagar al ayuntamiento. O sea, que si funciona la cosa como debe, el ayuntamiento no paga nada de nada. Quien paga es usted al del chiringuito por el aperitivo, las hamacas, las sombrillas y la salchicha flotante, quien a su vez de ahí le paga al ayuntamiento el canon municipal y el de Costas. Y lo que sobre, beneficio, que para eso es una empresa. Legítimo y legal.

Ese problema es el que ha puesto los pelos de punta a todo el mundo y ha ocasionado que un trámite administrativo sin más que debiera haberlo sido, se haya convertido para la nueva licitación en mil y una pruebas del algodón que mejor limpia.
Sorprende mucho por eso ver a quien se rasga estos días las vestiduras por el escándalo de que, de momento, no haya chiringuitos en las playas oriolanas. Sorprende porque, primero, los oriolanos no hemos analizado realmente que ese sea el modelo que queramos de playas (personalmente, me parecen bien con las debidas cautelas, lo adelanto ya); segundo, porque no se trata de un servicio básico y esencial para el municipio como podría ser recoger la basura, suministrar agua potable, iluminar las calles de noche o tener policía local, por ejemplo; y tercero, porque la situación originada por un proceso judicial penal que pone en tela de juicio cómo se ha adjudicado una gestión lucrativa de una ocupación privativa del dominio público debería hacernos ser muy, pero que muy prudentes, a la hora de hacer según qué afirmaciones, cuando hablamos de dinero que se gana con la utilización de recursos y medios públicos.

Aunque la prudencia puede dejarse de lado, comprensiblemente en este caso, en dos supuestos: uno, si es usted empleado de la empresa que gestiona estas actividades y se encuentra de repente sin trabajo. Y dos, si es usted un simple manipulador que solo pretende criticar una gestión municipal que, pudiendo haber sido errónea en algún momento, no lo niego, no deja de ser anecdótica para la importancia de lo que nos jugamos en esto.

Si es usted de los primeros, lo lamento mucho, de verdad. Pero su pelea no es con el ayuntamiento, sino con la empresa que lo contrató y ahora tiene su actividad en suspenso y en entredicho, precisamente, por las dudas y sospechas que ha generado no ya en el ayuntamiento, sino en los tribunales de justicia. Y conste que, personalmente, el resultado de ese proceso me es indiferente. Pero entiendo que ahí se pierda la prudencia, que no la educación y la coherencia. Dejándose llevar contra el político de turno no van a devolverle su puesto de trabajo, desgraciadamente.

Si es usted de los segundos, le admito que todo vale con tal de criticar a un gobierno municipal que se ha encontrado con esta papeleta heredada de un gobierno anterior. Y claro que alguien se ha podido equivocar en una cuestión de fechas a la hora de preparar la nueva licitación. Pero cuando la concejal de Cs Orihuela y del gobierno municipal Luisa Boné anunció un 21 de noviembre de 2017 que debido al tema judicial no habría prórroga después de Semana Santa de 2018, tengan bien claro que sabía perfectamente lo que hacía y lo que decía porque tenía el respaldo de los técnicos municipales. Y nadie la contradijo entonces, como tampoco es ella la que ha firmado orden alguna de cierre de los chiringuitos de playa. Al César, lo que es del César, aunque ni el error es de categoría ni la consecuencia, en su caso, tiene más efecto que tener que llevarse la nevera y la sombrilla de casa a una playa, eso sí, ahora con más espacio para poner la toalla. Y por eso no se acaba el mundo ni lo meten a uno en la cárcel. Por otras cosas, sí.

Fdo. Juan Ignacio López Bas. Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos Orihuela