Artículo de Juan Ignacio López-Bas portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Orihuela. Publicado en el Diario La Verdad.

Fue a mediados del 2010 cuando culminaba el proceso iniciado en febrero del 2008 por el Ayuntamiento de Orihuela para otorgar a nuestra ciudad el estatuto legal de Municipio de Gran Población, algo que tuvo lugar mediante una ley autonómica, la 7/2010, aprobada por Les Corts en sesión de 26 de mayo de aquel año. Hace sin embargo todo ese tiempo, casi seis años ya, que gobiernos de todos los colores políticos en Orihuela habían aparcado el desarrollo y puesta en marcha de ese estatuto legal en un cajón del despacho del Palacio del Marqués de Arneva. Salvo cuestiones de obligada aplicación, como el régimen de distribución de competencias entre órganos municipales y poco más, nada en absoluto se había hecho al respecto.

Por eso desde Ciudadanos nos habíamos marcado una meta en la pasada campaña electoral de mayo del 2015 para Orihuela: dotar a nuestra Administración Local de las herramientas previstas en el título X de la Ley de Bases de Régimen Local. Primero, porque así lo exigía la propia ley valenciana del 2010 que nos dio un plazo de 6 meses, incumplido de manera evidente durante 6 años, para modificar y adecuar el funcionamiento de la máquina municipal al nuevo régimen legal. Segundo, porque estamos convencidos de que, como señala el Preámbulo de la propia norma valenciana, «Orihuela presenta una distribución territorial compleja (…), circunstancia que resulta determinante para la aplicación del régimen de gran población».

Precisamente esa complejidad territorial, además de sociológica, que hace que haya, en números redondos, unos 33.000 oriolanos en el casco urbano, unos 26.000 en la lejanísima, en todos los sentidos, zona de costa, y otros 24.000 repartidos en una veintena larga de núcleos urbanos dispersos o pedanías que vienen a ser auténticos pueblos en cuanto a población e identidad propia en algunos casos, es la que políticamente ha servido durante mucho tiempo para asegurar cuotas de poder político creando subconjuntos del todo, controlados y vigilados por los pedáneos, representantes del alcalde configurados en ocasiones como verdaderos comisarios políticos y coordinadores electorales cada cuatro años del partido gobernante. Si el sistema lo inventó el Partido Popular, fue el PSOE el que terminó por aprovecharlo en el anterior mandato corporativo, olvidando así en apenas unos días entre mayo y junio del 2011 sus anteriores reclamaciones de abrir a la participación ciudadana justamente esa figura del pedáneo mediante la falsa promesa de elegirlos democráticamente. Qué decir, finalmente, de Los Verdes, tan diluidos ellos hoy como entonces sus igualmente ficticias promesas de participación ciudadana, o del propio PP, que presentó un proyecto de participación ciudadana que enterró en 2010.